Seminario Democratización del Espectro Radioeléctrico
Pozo de Rosas, Venezuela, 11 al 15 de noviembre de 1996

Declaración de Caracas

El Seminario Democratizar el Espectro Radioeléctrico reunió en Pozo de Rosas, Venezuela, del 11 al 15 de noviembre de 1996, a coordinadoras nacionales y representantes de medios comunitarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, a abogados provenientes de varios países de la región, y a directivos de las diez redes que integran el G-8: ALER, AMARC, CIESPAL, FELAFACS, FIP, PROA, RNTC, SCC, VIDEAZIMUT y WACC, con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania y el CECI de Canadá.

Los participantes ratificaron su plena adhesión a las conclusiones del Seminario sobre El Desarrollo de los Medios de Comunicación y la Democracia en América y el Caribe convocado por la UNESCO y el PNUD en Santiago de Chile (mayo 1994) y a la Declaración del Festival de los Radioapasionados y Televisionarios realizado en Quito (noviembre, 1995).

En el Seminario se discutió un informe sobre la legislación de telecomunicaciones en la región e informes nacionales de los países representados. Se revisó el estado de los recursos de inconstitucionalidad, amparos y medidas análogas iniciados por radios comunitarias en Argentina, Ecuador, El Salvador, Brasil y Paraguay.

Se analizó la legislación de los Estados Unidos de América‚ y las normas internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como el Plan de Comunicación de la UNESCO y la iniciativa de cooperación con las ONGs recibida de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Entendemos la radiodifusión como el ejercicio del derecho humano básico de expresión e información a través de un soporte tecnológico. El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y patrimonio común de la humanidad. Los medios que representamos, de cuyas finalidades están excluidos el lucro y el proselitismo, se definen por un compromiso profundo con la legalidad democrática, el pluralismo, la diversidad de identidades culturales, el desarrollo sustentable y la paz. En este sentido, realizan una comunicación para la democracia y la paz, complementaria a la educación para la paz y a la cultura de paz.

Entendemos la libertad de expresión e información y su ejercicio como fundamento esencial de la democracia. Esto implica promover acciones jurídicas y marcos regulatorios que reconozcan y aseguren la democratización del espectro radioeléctrico, el acceso y participación sin discriminaciones para todos los sectores (estatal, comercial y no comercial), la transparencia en la información sobre la gestión y administración del espectro y condiciones técnicas razonables para el otorgamiento y operación de los servicios de radio y televisión.

Frente al surgimiento de emisoras de radio y televisión en manos de nuevos actores sociales (barriales, campesinas, sindicales, de mujeres, de indígenas, de jóvenes, universitarias, de diferentes denominaciones religiosas, etc) detectamos con preocupación la existencia de una campaña que busca eliminar del espectro radioeléctrico no sólo a estos medios, sino también a los medianos y pequeños en un afán de monopolizar u oligopolizar la radiodifusión.

Los participantes reafirman su decisión de seguir contribuyendo a la democratización del espectro radioeléctrico sin excluir a nadie ni permitir medidas discriminatorias como el establecimiento de máximos de potencia o prohibiciones de publicidad que condenan a la asfixia financiera a los medios no comerciales.

En solidaridad con los medios comunitarios de otras regiones del mundo, someteremos estas situaciones irregulares a los organismos regionales e internacionales competentes, entre ellos el Parlamento Latinoamericano; la Red IFEX, auspiciada por la UNESCO, y la recién constituida Plataforma Mundial sobre Comunicación y Democratización.

En este espíritu, las redes integrantes del G-8 y los participantes en el Seminario declaran su disposición de utilizar todos los canales jurídicos, políticos e institucionales posibles para asegurar la legalidad democrática en el campo de las comunicaciones, y exhortan a las organizaciones nacionales e internacionales a propiciar foros de encuentro entre los poderes legislativos, las autoridades ejecutivas, los medios comerciales y comunitarios, así como todos los sectores involucrados en la comunicación, a fin de que, con ánimo constructivo y de concertación plural, podamos asegurar la democratización de las comunicaciones en América Latina y el Caribe.

Caracas, Venezuela, 15 noviembre 1996